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Miércoles 31 de diciembre de 2014 Universitarios

Educación Superior: ¿Cómo ordenar el caos?

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El gobierno ya ha anunciado que en el 2015 habrá iniciativas en esta materia, aunque todavía no sabemos qué, ni cuándo, ni cuánto. Si queremos evitar caer en una trifulca similar a la del 2014, es necesario partir de una premisa: después de treinta años de libertinaje de mercado casi total, y de expansión desenfrenada del sistema, lo que tenemos es un verdadero caos, cuyo ordenamiento tomará, por lo bajo, más de una década.

Los defensores del desenfreno aducen la manoseada frase de que “hoy, el 70% de los estudiantes de educación superior tienen padres que no asistieron a la educación superior”, lo cual es bueno pero hasta por ahí no más. A continuación, siete manifestaciones del caos.

1. El 40% de los estudiantes termina desertando y endeudado, y otro 30% recibe “títulos de baquelita” cuyo valor en el mercado laboral es tan mediocre que no les dará nunca para pagar sus deudas. Cuando logran egrasar, en promedio es un 40% más tarde de lo previsto originalmente. Por ejemplo, tenemos tres veces más estudiantes de pedagogía de lo necesario. La promesa es: “ven conmigo, trae tus letras, te espera un futuro esplendor, y te regalo un Ipad si te matriculas temprano”. Tarde se dan cuenta los postulantes, especialmente los más pobres, de lo espúreo de la promesa.

2. El desorden arancelario es total. Por ejemplo, Ingeniería Comercial en la U. de la República cuesta $1.2 millones al año, en la Gabriela Mistral es $3.9 millones (ambas no acreditadas), en la U. Austral (con programas de investigación y doctorados) es $3.1 millones y en el extremo, la U. del Desarrollo, casi sin investigación, es $5.5 millones. ¿Serán estos aranceles proporcionales a la calidad de la formación? Si es así, quiere decir que hay ofertas inaceptablemente malas. Si no es así, hay excedentes monetarios intolerables. En este contexto, definir aranceles de referencia para cerca de 12 mil carreras y programas no será una tarea fácil, menos aun si estos se usan para financiar actividades de investigación en algunas entidades.

3. Cerca del 75% del total de carreras y programas en Universidades, Institutos y CFT jamás han pasado por un proceso de acreditación. Este libertinaje se ha dado al amparo del financiamiento del CAE: una vez obtenida la acreditación institucional, las instituciones se lanzaron en una loca carrera por expandirse a sedes, incluyendo el absurdo de universidades regionales abriendo programas en Santiago porque es mejor negocio. No sería de extrañar que la mitad de ellas no pueda resistir un proceso de acreditación y tengan que cerrar. ¿Se le puede dar gratuidad a un estudiante en una carrera no acreditada, por mucho que esté en una institución acreditada?

4. Por si hay dudas sobre la (pésima) calidad de la formación en educación superior: según el Segundo Estudio de Competencias Básicas de la Población Adulta 2013, un 27% de los adultos con educación superior están en nivel 1 de alfabetización en prosa, y un 38% nivel 2 en la escala de 1 a 5. Insistamos, porque hay gente que no quiere ver ni creer, están en estado de negación: entre 60 y 70% de quienes están o han estado en educación superior no tienen un manejo mínimo adecuado de prosa, documentos o comprensión aritmética y solo un 8% tiene un manejo adecuado. En otras palabras, estos “emporios de venta de cartones”, a clientes mal preparados y desinformados, ni siquiera se toman la molestia de nivelar a sus estudiantes para adquirir las competencias profesionales más elementales. ¿Se le puede dar gratuidad y financiar entidades que están abusando de sus alumnos y de los recursos del estado de esta manera? ¿Será mucho pedir que nuestros profesores, periodistas, ingenieros o kinesiólogos tengan comprensión total de prosa, documentos y aritmética?

5. En cuanto a la tipología de instituciones de educación superior, hay de todo, bueno, malo, pésimo y excelente. La diversidad es buena, pero no tanto: hay universidades CRUCH que no merecen ser CRUCH, hay universidades no CRUCH que merecen ser CRUCH, hay privadas que parecen públicas, hay prebendas financieras por el solo hecho de pertenecer a este añejo club, hay universidades que en realidad son institutos, institutos que aspiran a ser universidades sin serlo, hay criterios de acreditación inapropiados para los institutos profesionales.

6. Las universidades estatales (algunas buenas, otras pésimas) están completamente estranguladas en rigideces burocráticas. Se pretende que “compitan” con las universidades privadas operando como si fueran ministerios, llegándose al extremo de que en algunas regiones la Contraloría exige que los profesores firmen a la entrada, a la salida, y también si salen “en comisión de servicio” para ir a una reunión al centro de la ciudad. La burocracia interna es infernal, su gobierno corporativo inadecuado. No quiero imaginar cómo les va a ir a las nuevas universidades y CFT que se están creando hoy, sometidas a semejantes calvarios.

7. La educación técnico profesional, la más relevante para la equidad salarial y para el desarrollo de la productividad del país, continúa sin un marco de políticas claras, y sigue siendo “el hermano pobre” de la educación superior.

En este escenario caótico, la nueva ley de acreditación es una de las medidas más urgentes, y es en los conceptos y criterios de acreditación obligatoria de las distintas tipologías de instituciones de educación superior, y de sus carreras, que debe quedar plasmada la política de Estado. ¿Cuánto tiempo tomará acreditar miles de carreras?

Obviamente se requiere también una Superintendencia de Educación Superior para coartar los libertinajes por todos conocidos. Felizmente, ya se aprobó la ley del Administrador Provisional de la Educación Superior, pues sin duda habrá más casos como el de la U. del Mar o Arcis en medio de este libertinaje, y es necesario protejer a los estudiantes y trabajadores de esas entidades.

Una vez ordenado este caos, y tomará tiempo lograrlo, los mecanismos de financiamiento deberán ser una sesuda combinación de financiamiento a la oferta, a la demanda, fondos concursables, financiamientos basales, pero previamente hay que definir la política de Estado de lo que corresponde o no apoyar e incentivar, y en qué medida. Las soluciones triviales o simplonas no servirán.

La tarea más urgente del gobierno en educación superior es definir y poner a discusión con la ciudadanía el itinerario legislativo, técnico y financiero con el cual el país ordenará este caos y financiará a los estudiantes. Lo peor que podría ocurrir es que comenzara a “sacar conejos del sombrero” mandando proyectos de ley al Congreso, sin explicar el panorama completo. De ser así, la trifulca del 2014 se quedará chica comparada con la que tendremos en educación superior.

 

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