Solo por ser indio

Blog de Pedro Cayuqueo, periodista y escritor

Viernes 5 de agosto de 2016 FOTO1

El ciclo de la violencia

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Esta semana se inició en Temuco el juicio oral contra el fotógrafo Felipe Durán, acusado de tenencia de armas y municiones, un nuevo capítulo judicial en el ya latamente descrito y documentado conflicto sureño.

Durán fue detenido tras un allanamiento a su vivienda en un sector rural de Padre Las Casas cuando la policía buscaba al dirigente de Ercilla, Cristian Yebilao, prófugo por otras causas vinculadas también al conflicto. Ambos fueron detenidos esa mañana y tras once meses en prisión preventiva fueron finalmente llevados a juicio. Ambos arriesgan hasta 11 años de cárcel.

Más allá del fondo de la acusación -corresponde al tribunal dirimir si es culpable o inocente- el caso de Durán pone en el tapete una vez más lo inconducente y peligroso que resulta judicializar un conflicto de carácter político. Y como la trama de la persecución penal se vuelve una telaraña donde -tarde o temprano- cualquiera resulta atrapado.
Durán -para quienes no lo saben- es un destacado reportero gráfico, miembro de la Asociación de Reporteros Independientes, que en los últimos años ha documentado para diversos medios el conflicto y sus diversas aristas. Su trabajo, me consta, era también valorado por agencias internacionales que recurrían a él de manera periódica.
Y es que Durán, ante todo, es un gran fotógrafo, un profesional autodidacta que nunca ocultó su simpatía y adhesión por los más desfavorecidos de justicia en la zona sur; las comunidades mapuche. De allí que su lente registrara, casi de manera exclusiva, episodios de represión y abuso estatal otras tantas veces ignorados o falsamente desmentidos.
Ello y no otra cosa, denuncian las comunidades, es lo que terminó con Durán encarcelado en Temuco. Razones tienen para pensarlo. Y es que Durán no es el primer comunicador social en terminar tras las rejas por su trabajo en Wallmapu. Misma suerte corrió en 2008 la realizadora audiovisual Elena Varela y parte de su equipo mientras filmaban el documental “Newen Mapuche”.

Varela fue detenida en marzo de 2008 tras un hollywoodense operativo policial y acusada por el Ministerio Público de asociación ilícita, robo con homicidio y robo con violencia, ello en el marco de una investigación por atracos a una sucursal bancaria y a una oficina de pago de pensiones de la zona central entre los años 2004 y 2005.
A Varela, tal como acontece hoy con Durán, se la vinculó además a grupos armados de ultraizquierda en teoría infiltrados en la causa mapuche. Ni lo uno ni lo otro. Tras año y medio de investigación donde llegó a estar recluida en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, Varela fue absuelta en juicio de todos los cargos. Nunca pudo recuperar sin embargo su trabajo requisado por la policía.

No, Felipe Durán no es el primer comunicador en ser encarcelado. Y de insistir el gobierno con la lógica de los calabozos, sospecho tampoco será el último. Y mientras ello sucede ante nuestros ojos, las posiciones de uno y otro bando se endurecen, los discursos se radicalizan y las posibles salidas políticas arden junto a los restos del último camión o iglesia siniestrada.

Es el ciclo de la violencia que en el caso mapuche tiene al estado y al Ministerio Público como dos de sus más fervientes promotores en el sur. Si alguien duda de esto último lea por favor la denuncia del ex fiscal jefe de Collipulli, José Ricardo Traipe, quien acusó presiones de su jefatura para encarcelar a miembros de comunidades mapuches de Ercilla.

Según Traipe, el entonces Fiscal Regional (s), Alberto Chiffelle, le exigía “ser particularmente duro con cualquier sujeto que tuviere relación con las comunidades de Temucuicui y Wente Winkul Mapu”, obligándolo de manera recurrente a pedir la prisión preventiva de todo imputado mapuche “aún sin contar con pruebas suficientes” para ello.
No solo eso. Traipe también denunció de Chiffelle “permanente discriminación y hostigamiento”, llegando a advertirle en su minuto que “los pacos lo tenían en la mira” por su condición de fiscal con ascendencia mapuche. Chiffelle, descendiente de colonos suizos del cantón de Vaud arribados a la Araucanía tras la ocupación militar, encabeza hoy el caso Luchsinger Mackay.

Académicos, juristas de renombre, incluso el actual Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, han advertido del grave error de criminalizar la protesta mapuche. Y de los vicios que de ello se derivan.

Hoy nadie en su sano juicio cree que el Ministerio Público resolverá el conflicto estado-pueblo mapuche. Pero el gobierno insiste en su porfía; no existe un conflicto de tal envergadura, declara a los cuatro vientos. Son simples delincuentes, ladrones de madera y pirómanos anticlericales escudados cobardemente tras la causa indígena.
Lo reafirmó ayer jueves en Arauco el propio subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, ello tras encabezar el “Comité Interinstitucional de Persecución Penal en la Macro Zona Bío Bío – Araucanía”, pomposo nombre para designar el coto de caza de campesinos mapuche asignado a fiscales, detectives y efectivos del Gope tan racistas como violentos e inescrupulosos.

“Hay delincuentes que usan la justa causa mapuche para delinquir y eso no es justo ni razonable”, sostuvo Aleuy, agregando que gracias a una eficiente estrategia policial las tomas de tierras eran hoy un fenómeno casi inexistente en la zona. “Los delitos han mutado, ahora queman bosques, maquinarias e iglesias”, debió reconocer sin embargo ante los periodistas. Flor de consuelo para la ciudadanía.

Desde el retorno de la democracia al menos quinientos ciudadanos mapuches han sido condenados en causas relacionadas con el conflicto y la lucha por la tierra. Y el escenario lejos de mejorar, empeora cada día. Es el nefasto resultado de intentar ahogar con represión un descontento documentado por especialistas hasta el hartazgo. O de buscar apagar el fuego con bencina.

En 1992 marchas pacíficas y ocupaciones simbólicas de tierras caracterizaban el actuar de las comunidades mapuche. En 1997, con la CAM, hicieron su estreno las ocupaciones productivas, la autodefensa y los sabotajes forestales. En 2001, tras la primera aplicación de la Ley Antiterrorista y el posterior desfile de lonkos por tribunales, Chile supo de prisión política mapuche y huelgas de hambre.

Ante el evidente agravamiento del conflicto, ¿tomó La Moneda cartas en el asunto? Pudo ser Lagos con la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. He allí una veintena de atinadas recomendaciones. Pero el estadista optó por el general Bernales y su estampa de Búfallo Bill o general Custer sureño. “No se duerman, vamos por ustedes”, una de sus frases favoritas. En verdad la única que recuerdo.

Se vino entonces la denominada “Operación Paciencia” que terminó, ya lo sabemos, en un fiasco judicial de proporciones. Luego los crímenes policiales de Alex Lemún en 2002 y Matías Catrileo en 2008.  Y todo, irremediablemente todo, comenzó a irse al soberano carajo.

Imposible no vincular el crimen de Matías con otro crimen, igual de miserable, el de la familia Luchsinger Mackay acontecido en 2013. O el blindaje de los gobiernos a la industria maderera con la pesadilla posterior de agricultores y parceleros. ¿Acaso ustedes todavía no hacen la relación?

Hoy al menos tres grupos reivindican acciones violentas mapuche en zonas de conflicto. Hace poco uno de ellos, el más antiguo y único que ha explicitado un proyecto político detrás, la CAM, ofreció “tregua” y “diálogo” al gobierno. La respuesta de Bachelet fue la mesa de Temuco, instancia plagada de buenas intenciones pero carente del más mínimo poder de resolución. “Y carente también de futuro”, me advierte uno de sus miembros.

Mientras se desarrolla el juicio contra Felipe Durán no viene mal recordar que es la Política y no los tribunales la llamada a resolver el conflicto. Un “Parlamento” a la usanza antigua propuso al gobierno el líder de la CAM, Héctor Llaitul. Mismo llamado hizo el ex intendente Huenchumilla en su fallida propuesta para la Araucanía, aquella que frente a Burgos le terminó costando el puesto. La respuesta para ambos fue la misma.

No me cansaré de repetirlo. El diálogo político, el de verdad, a nivel de estado, de los tres poderes del estado, es la única salida que garantiza no dinamitemos nuestra convivencia social. O entendemos esto de una buena vez o que cada quien elija su bando y su trinchera. Lo que venga después no tendrá tan fácil marcha atrás.

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